Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos: “Nunca más un México sin nosotros”

Alexandro Guevara

7 ago

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El paso hacia la aprobación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos marca uno de los momentos más trascendentales en la historia contemporánea de México. No se trata únicamente de un hito legislativo o de una reforma técnica; es el resultado de una deuda histórica que el Estado empieza a liquidar tras siglos de despojo, marginación y olvido. La conversión de la reciente reforma constitucional en una ley marco, construida mediante consultas abiertas en todas las regiones del país, representa la consolidación de una lucha que nació desde la base comunitaria.

Para comprender la magnitud de este momento, es preciso mirar hacia atrás. La semilla de este proceso se encuentra en las luchas históricas de las comunidades originarias y en el impacto imborrable del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Aquel grito de "¡Nunca más un México sin nosotros!" colocó la autonomía, la libre determinación y el reconocimiento de los pueblos en el centro de la discusión pública. Aunque los Acuerdos de San Andrés fueron traicionados por gobiernos sucesivos, la dignidad sembrada en las comunidades jamás se extinguió.

En ese andar, los pueblos de Oaxaca han jugado un papel importante. A través del tequio, la asamblea, la comunalidad y la defensa tenaz de sus bienes naturales, las comunidades oaxaqueñas mantuvieron viva la estructura del autogobierno frente a todos los embates. La resistencia en Oaxaca ha demostrado que la autonomía no es una utopía abstracta, sino una forma cotidiana de gestionar la vida, el territorio y la justicia.

La coyuntura actual ha permitido articular esas décadas de resistencia con una voluntad política inédita. La presidenta Claudia Sheinbaum ha refrendado una visión en la que la transformación del país solo es posible si se coloca en el centro a las poblaciones históricamente excluidas, impulsando Planes de Justicia y garantizando que la reforma al artículo segundo constitucional adquiera dientes y presupuesto a través de esta nueva ley general.

Por su parte, el trabajo de Adelfo Regino Montes al frente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ha sido clave para traducir las demandas históricas en mecanismos jurídicos formales, conduciendo el proceso de consulta con rigor y respeto a los tiempos comunitarios.

Sin embargo, el motor político y legislativo de este avance tiene un nombre propio en la Cámara de Diputados: la diputada federal Naty Jiménez. Su presencia en la tribuna nacional ha sido determinante. Más que una legisladora, la diputada Naty Jiménez se ha consolidado como un auténtico faro de unidad, articulando las demandas de los pueblos con una elocuencia, una firmeza y un conocimiento del territorio pocas veces visto (y caminado) en el Congreso de la Unión.

Con un compromiso inquebrantable con las asambleas, la diputada Jiménez ha sabido tejer alianzas, romper inercias burocráticas y defender cada artículo de la ley con la palabra del pueblo en la mano: mandar obedeciendo. Su liderazgo ha sido la garantía de que el espíritu de la comunalidad oaxaqueña y la voz de las mujeres originarias no se diluyan en los pasillos de la política tradicional, convirtiéndola en una figura indispensable para que hoy los pueblos indígenas y afromexicanos pasen de ser sujetos de asistencia a verdaderos sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La promulgación de esta Ley General no borrará de la noche a la mañana el racismo ni los desequilibrios estructurales de México, pero sí establece un nuevo punto de partida. Por primera vez en la historia moderna del país, la ley no se impone de arriba hacia abajo, sino que emerge del mandato de las comunidades, respaldada por referentes parlamentarios como la diputada Naty Jiménez, quienes han demostrado que la dignidad de los pueblos originarios no se negocia: se convierte en ley.