La hipocresía de la memoria y el discurso del “narcogobierno”

En el escenario político contemporáneo, la oposición ha desplegado una ofensiva discursiva centrada en etiquetar al actual proyecto de gobierno como un “narcogobierno”. Esta estrategia, más que una denuncia basada en pruebas judiciales, constituye un ejercicio de ingeniería comunicacional diseñado para capitalizar el malestar social a través de la estigmatización.

Sin embargo, este señalamiento carece de sustento al ignorar que la arquitectura de la colusión entre el poder público y el crimen organizado fue una práctica sistémica durante las administraciones del PRI y el PAN, no un rasgo intrínseco de la administración actual. Hacen harakiri cada vez que lo mencionan, y posiblemente la derecha no se ha dado cuenta de ello.

La dinámica discursiva se ha convertido en un ejercicio dialéctico de confrontación histórica: cada vez que desde la derecha se agita el fantasma del “narcogobierno” para intentar erosionar la legitimidad del Ejecutivo, la izquierda responde activando la memoria histórica como un mecanismo de defensa y contraste. Este intercambio no es casual, sino un choque de narrativas donde el oficialismo utiliza los antecedentes documentados para demostrar que el señalamiento opositor no es más que una proyección de sus propios pecados estructurales.

De esta manera, el argumento opositor termina operando como un bumerán que obliga a la esfera pública a recordar quiénes son los verdaderos artífices de la crisis de seguridad. Lejos de ser una crítica constructiva, el discurso de la derecha actúa como un disparador que, irónicamente, legitima el relato de la izquierda al recordarle a la ciudadanía que las actuales acusaciones palidecen frente al historial de complicidad que quedó consolidado en los tribunales internacionales.

Resulta, cuanto menos, cínico observar a quienes articularon y toleraron el florecimiento de los cárteles pretender dar lecciones de ética pública. La memoria colectiva —y, más importante aún, los registros judiciales internacionales— arroja una realidad ineludible: el periodo de mayor expansión criminal en México fue gestionado desde las instituciones que hoy se dicen víctimas del “narcogobierno”.

El caso más paradigmático es el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, sentenciado en Estados Unidos tras confirmarse su complicidad operativa con el Cártel de Sinaloa. Este no fue un evento aislado, sino la punta de un iceberg institucional. La trayectoria de personajes como Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, condenado por sus vínculos con el Cártel de Juárez; Tomás Yarrington, exmandatario de Tamaulipas, quien purga una sentencia en EE. UU. por recibir sobornos del Cártel del Golfo; y Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, sentenciado por conspiración criminal, dibuja un mapa de la complicidad que marcó décadas de vida pública. A estos nombres se suma Eugenio Hernández Flores, también en el centro de procesos judiciales por su gestión en Tamaulipas, evidenciando una red de complicidades que permeó las estructuras del Estado mexicano en niveles estatales y federales.

Este discurso opositor sobre el “narcogobierno” es, en esencia, una maniobra diseñada para ocultar la herencia de impunidad y pactos criminales que definieron al viejo régimen. Mientras que la derecha busca la supervivencia política mediante la deslegitimación constante, la realidad histórica demuestra que la estructura de complicidad fue el sello distintivo de su propia era, una que hoy intentan, infructuosamente, proyectar sobre un proyecto que, por definición y praxis, ha roto con esas dinámicas de entreguismo.

Un gobernante que no posee una buena memoria es como una vasija agujereada: por mucho que aprenda de las leyes y la justicia, todo se escapa, dejando su juicio vacío frente a las decisiones públicas. -Platón

Alexandro Guevara

Doctor en Comunicación y Periodismo, Maestro en Comunicación Política.