Política y crimen organizado, una dicotomía no excluyente

Ángel Disraeli Cruz Gutiérrez

hace 27 minutos

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Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el Cielo, que van por el aire dormidos engullendo mundos. —José Martí

La colusión de la clase política con organizaciones delictivas es interpretada a menudo como un defecto en el funcionamiento de lo público o como una desviación en el buen actuar de los representantes populares. Jurídicamente se trata de un delito, tipificado por el código penal federal como ejercicio ilícito del servicio público (artículo 214), coalición de servidores públicos (artículo 216) o cohecho (artículo 222), según sea el caso; éticamente, implica la renuncia a los valores fundamentales del ser humano, en tanto ser que posee dignidad; y, psicológicamente, supone una reestructuración profunda del sistema emocional y cognitivo de las personas involucradas.

No obstante, en el terreno de lo político-económico el fenómeno adquiere una dimensión particular. En términos del ejercicio del poder y la acumulación de la ganancia, el ejercicio de la violencia a través de actores criminales se convierte en un engranaje necesario para la reproducción de estructuras de dominación, así como el acceso a beneficios ilícitos a los que sería imposible acceder de otra manera. La colusión de la clase política con organizaciones delictivas se convierte, pues, en una posibilidad que solo cobra sentido bajo categoría sociológicas específicas: la necropolítica^[1], como la capacidad extraoficial para decidir sobre la vida y muerte de los individuos (por ejemplo periodistas, defensores del territorio o activistas sociales) y la acumulación por desposesión^[2], como un proceso para la apropiación violenta de recursos y territorios (expresada en estructuras criminales como el cartel del despojo o el control de actividades extractivas y de infraestructura pública por parte de criminales), por mencionar algunas.

La delincuencia organizada pasa a ser una pieza más en el tablero del poder. No representa una sombra que se oculta, sino una fuerza que se administra; sea por impotencia, sea por el cumplimiento de acuerdos previos. Puede ser un secreto a voces, o bien una revelación para el observador distraído, pero se manifiesta siempre en una realidad concreta: cobro de piso, narcomenudeo, extorsión, secuestro, homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones.

En lo local, la detención de autoridades municipales presuntamente coludidas con estos grupos, el repunte en casos de asesinatos políticos, así como el señalamiento hacia actores que no es necesario nombrar, revela algo preocupante para Oaxaca: la presencia territorial de células delictivas está creciendo. Así lo revela una nota periodística de Víctor Manuel Sánchez Valdés^[3], quien expone cartográficamente la incursión de 8 cárteles en 142 municipios de la entidad a partir de un modus operandi exportado de Guerrero y Michoacán.

Habrá quien argumente que, la exposición mediática de estos casos supone los resultados de la política de seguridad. Nada más alejado de la realidad. Convergen, claro, lógicas políticas: la presión norteamericana, el posicionamiento de cierto secretario de seguridad rumbo a la sucesión presidencial, la disputa por la narrativa de cero impunidad, el descontento de “arriba” por una administración deficiente en lo local, el clima de dos elecciones a la gubernatura prácticamente seguidas en el 2028 y el 2030, etc. Pero resalta algo más preocupante: el crimen cobra fuerza, lo hace al cobijo de lo público, y cada vez es más difícil ignorarlo.