Emprender con miedo

Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2023 (ENVE) elaborada por el INEGI, el 26.4% de las unidades económicas en México fue víctima de algún delito durante 2022, siendo la extorsión, el robo o asalto y el cobro de piso los más frecuentes. Esta violencia no sólo amenaza la integridad de los emprendedores y sus trabajadores, sino que compromete la continuidad operativa de sus negocios.

Hablar de emprendimiento en México es, sin duda, hablar de valentía. Pero no solo por el riesgo natural que implica iniciar un negocio, si no sobre todo cuando vemos que el crimen organizado opera en total impunidad y el entorno para emprender se vuelve hostil e inseguro, una variable que se ha convertido en una de las principales amenazas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en nuestro país.

La situación es alarmante. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2023 (ENVE) elaborada por el INEGI, el 26.4% de las unidades económicas en México fue víctima de algún delito durante 2022, siendo la extorsión, el robo o asalto y el cobro de piso los más frecuentes. Esta violencia no sólo amenaza la integridad de los emprendedores y sus trabajadores, sino que compromete la continuidad operativa de sus negocios.

El problema se agudiza en sectores informales o en microempresas familiares, que muchas veces operan en colonias donde la presencia del crimen organizado impone su ley. De hecho, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha señalado que el cobro de piso es una práctica que se ha normalizado peligrosamente en regiones como Guerrero, Michoacán, Zacatecas o partes del Estado de México, obligando a muchos emprendedores a cerrar sus negocios o migrar (El Universal, 2024).

Para un emprendedor que apenas empieza, la extorsión no solo representa una pérdida económica: representa miedo. Y ese miedo se traduce en decisiones conservadoras, en la renuncia a crecer, en evitar abrir sucursales o incluso en operar en la clandestinidad para no ser detectado por grupos delictivos.

Esto tiene un efecto directo en la economía local, ya que el 99.8% de las empresas en México son MiPyMEs (datos de la Secretaría de Economía, 2023) y generan cerca del 72% del empleo en el país. Cuando estas unidades productivas cierran o reducen su tamaño por razones de inseguridad, no sólo se afecta a una familia, sino a comunidades enteras que dependen de ellas para subsistir.

Además, la falta de denuncias —sólo el 8.6% de los delitos contra negocios se denuncian formalmente, según el INEGI— deja a los emprendedores en una total indefensión. La impunidad alimenta la repetición del delito, y los negocios terminan siendo el blanco perfecto por su vulnerabilidad.

El mensaje es claro: no puede hablarse de fomento al emprendimiento sin garantizar condiciones mínimas de seguridad y justicia. Los programas de apoyo, capacitación o financiamiento sirven de poco si el entorno obliga a los emprendedores a trabajar a escondidas o con temor de ser violentados.

Es urgente que los tres niveles de gobierno incluyan en su agenda económica el combate frontal a la violencia que padecen las microempresas. No se trata solo de proteger la inversión: se trata de proteger vidas, sueños, economías familiares y empleos comunitarios.

En tiempos donde el emprendimiento es uno de los motores sociales y económicos más importantes para México, la inseguridad no puede seguir siendo una constante. Porque emprender con miedo no es emprender: es resistir en medio del abandono.