Preparación, no privilegio: la responsabilidad de ejercer el poder público

Alexandro Guevara

hace 29 minutos

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¿En Oaxaca se premia la ignorancia?

Hay una pregunta que atraviesa la historia de la filosofía política y que hoy conserva una vigencia extraordinaria: ¿qué conocimientos, capacidades y virtudes debe poseer una persona para ejercer el poder público con responsabilidad? No se trata de una discusión menor ni de un asunto reservado a los círculos académicos.

Es una cuestión que toca directamente la calidad de nuestras instituciones, el funcionamiento de la administración pública y, sobre todo, la vida cotidiana de millones de personas que dependen de las decisiones de sus gobernantes.

Oaxaca ha demostrado que tiene a cientos de personas preparadas, en todos los aspectos, desde artesanos, artistas, comunicólogos, maestros, profesores, médicos y demás, ¿en qué momento se les toma en cuenta? ¿En qué momento se “echan a perder” cuando toman poder en la función pública?

Desde la antigua Grecia, Platón planteó en La República una preocupación fundamental: la diferencia entre tener una opinión y poseer el conocimiento necesario para gobernar. Su propuesta del filósofo-rey partía de la idea de que el ejercicio del poder requiere preparación intelectual, capacidad de discernimiento y una comprensión profunda del bien común.

Para Platón, la popularidad no era una garantía de sabiduría, como tampoco la capacidad de persuadir a una multitud demostraba que alguien estuviera preparado para dirigir los asuntos de una sociedad. Su reflexión nos invita a cuestionar una práctica que sigue presente en nuestros días: confundir la habilidad para conquistar el poder con la capacidad para ejercerlo.

Aristóteles, discípulo de Platón, profundizó en estas cuestiones desde otra perspectiva. En su obra Política, reflexionó sobre la organización de la comunidad, las formas de gobierno y las cualidades necesarias para procurar el bien común. Para él, la política no podía entenderse exclusivamente como una lucha por el poder, sino como una actividad práctica que exigía deliberación, prudencia y virtud.

En Roma, Marco Tulio Cicerón también abordó la relación entre conocimiento, virtud y responsabilidad pública. En Sobre la república, reflexionó sobre el Estado, la justicia y las cualidades de quienes asumen responsabilidades políticas. Su pensamiento permite recuperar una idea esencial: los asuntos públicos no deberían quedar sujetos únicamente a las ambiciones personales, sino ser atendidos por personas conscientes de las obligaciones que implica servir a la comunidad. Tanto en la tradición griega como en la romana encontramos, con sus diferencias, una preocupación compartida: el ejercicio del poder exige algo más que la voluntad de ocuparlo.

Aunque Platón, Aristóteles y Cicerón vivieron en contextos históricos distintos y sus propuestas no son equivalentes, sus reflexiones conservan una pregunta que vale la pena plantearnos: ¿qué ocurre cuando las decisiones que afectan a toda una sociedad se toman sin los conocimientos necesarios para comprender sus consecuencias?

El ejercicio del poder público exige conocimientos concretos. Quien tiene bajo su responsabilidad una institución, un presupuesto, un programa social o una decisión administrativa debe comprender las implicaciones jurídicas, económicas, políticas y sociales de sus actos.

Oaxaca es tierra de profesionales; sin embargo, dentro del gobierno quienes mantienen a flote los programas, son técnicos, asesores o incluso secretarios, de los cuales son muy pocos los que verdaderamente tienen la voluntad de gobernar con conocimiento, más que con política, porque la política y la burocracia son cosas muy diferentes. Algunos demuestran ser buenos políticos, pero pésimos gobernantes.

Cuando estas capacidades faltan, la improvisación puede convertirse en una práctica institucional cuyas consecuencias terminan pagando los ciudadanos. Una decisión administrativa mal fundamentada puede retrasar servicios, desperdiciar recursos, obstaculizar programas sociales o generar problemas que después resultan mucho más costosos de resolver.

Por eso, la preparación de quienes ejercen el poder no debe considerarse un asunto accesorio ni una credencial que se exhibe para obtener reconocimiento. Es una responsabilidad frente a la sociedad. La capacidad de gobernar se demuestra en la manera de resolver problemas, administrar recursos, respetar la ley, construir acuerdos y responder por las decisiones tomadas. Los conocimientos especializados, la experiencia y la formación permanente son herramientas fundamentales para alcanzar esos objetivos.

La voluntad de servir es indispensable, pero no sustituye la formación. Las buenas intenciones no garantizan decisiones acertadas, del mismo modo que un discurso bien construido no demuestra, por sí solo, la capacidad para resolver los problemas de una comunidad. Quien acepta una responsabilidad pública debe comprender que sus decisiones no son ejercicios abstractos: afectan la distribución de los recursos, el funcionamiento de las instituciones y las oportunidades de las personas.

El poder debe servir a la gente, no a la soberbia ni a la improvisación.