¿“Las mujeres no participan en cargos municipales porque no les pagan”?

“En los municipios de Usos y Costumbres no es que prohíban a las mujeres participar, hay municipios donde las mujeres no desean participar porque no hay sueldo. Sí hay municipios que cumplen, pero es por la reforma. Pero no es que los hombres no las dejen participar libremente”.

Esa fue la intervención de la Senadora Laura Estrada Mauro el 25 de octubre pasado durante la comparecencia de Maximino Muñoz de la Cruz, postulante a la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante el cuestionamiento de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República sobre el trabajo que debería emprender la CNDH en el logro de la paridad en municipios de Usos y Costumbres, denominados legalmente como Sistemas Normativos Indígenas.

Algunos medios locales oaxaqueños, con golpes de pecho avergonzados de su representante ante la cámara alta, retomaron el fragmento de video en el que la Senadora hace estos comentarios. Se dolieron de la ignorancia de la legisladora, pero no aportaron mayores elementos para el análisis del asunto.

¿Es mentira que las mujeres que viven en municipios regidos por Usos y Costumbres no participan porque no les pagan?

San Antonio Tepetlapa, 2016. Reunión de habitantes con personal del IEEPCO. Fuente: Galería del IEEPCO

Antes de aventurarnos a responder por las mujeres aludidas, cabe más preguntarnos ¿cómo funciona la participación política de las mujeres en los municipios regidos por Sistemas Normativos Indígenas y cuál es su relación con la paridad de género?

Una de las exigencias de las mujeres que pertenecen a municipios regidos por Sistemas Normativos es el reconocimiento y visibilización de su participación activa en espacios de toma de decisiones que determinan la vida comunitaria, aún sin formar parte de los cargos del gobierno municipal. Estos espacios, caracterizados por sostener responsabilidades de cuidados colectivos, han sido feminizados y despojados de su carácter político, sin embargo, forman parte esencial de la reproducción de la vida común.

Por lo tanto, cuando se habla de la participación política de las mujeres que viven en municipios de Usos y Costumbres, es fundamental entender que ellas ya participan y lo han hecho por generaciones. No obstante, el marco teórico del mandato de paridad de género establecido constitucionalmente en 2018, queda pequeño frente a la compleja organización político-social de las comunidades indígenas en la que participan políticamente las mujeres.

Asumir que la participación política de las mujeres sólo puede ser ejercida en cargos gubernamentales, con el derecho al voto y a ser votadas; y que la paridad de género en el acceso a cargos de gobierno en comunidades indígenas es el único y más apto instrumento para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, es igual a descartar de facto la existencia de otras formas del ejercicio de la política que las mujeres indígenas ya desempeñan, y eso se llama racismo institucional.

Ante este escenario, es primordial que los y las tomadoras de decisiones como las Senadoras Laura Estrada Mauro, Reyna Celeste Ascencio, Javier Corral, o cualquiera que desee invocar la paridad en la integración de cabildos como instrumento para garantizar los derechos humanos de las mujeres en municipios de Sistemas Normativos, considere los alcances de la violencia que se genera cuando se niegan otras realidades.

San Juan Teotalcingo, 2014. Elección de autoridades de la comunidad. Fuente: galería del IEEPCO

Desde la perspectiva de algunas lideresas de comunidades indígenas, la implementación de la paridad de género, en las formas en que ha sido implementada: a raja tabla; es una imposición que vulnera a las mujeres y a las propias comunidades.

Ante la exigencia estatal del cumplimiento al mandato constitucional de paridad de género en gobiernos municipales, las comunidades han propuesto mujeres a algunos cargos municipales, exponiéndolas al señalamiento social por el incumplimiento a las normas comunitarias de acceso a estas posiciones, casi siempre guiadas por el escalafón; así como a la violencia machista que impera en las estructuras gubernamentales, sin que medie ningún tipo de acompañamiento institucional.

Instrumentalizar la paridad de género sin el diálogo intercultural preciso, acentúa la injusticia epistémica en la que ha colocado a los pueblos y comunidades indígenas el proyecto colonial.