OPINIÓN | ¿Qué sigue en el Poder Judicial?

Columna: Al Punto

Las presentes líneas no tratan de justificar los motivos por los que se implementó esa nueva forma de integración del Poder Judicial, sino por el contrario, busca que a lo largo de los meses que restan para su implementación, el Poder Judicial como institución pueda consolidarse como el garante de los derechos humanos, que al final del camino, es el objetivo que debe tenerse presente por todo servidor público que lo integra.

Durante los pasados meses es sabido que el Poder Judicial de la Federación ha sido objeto de un cambio radical, que en el sentido de las personas integrantes, es decir, la base trabajadora que movió los cimientos a partir de los cuales se creía esto era imposible.

Sin embargo,  es cierto que durante los meses que han transcurrido se desarrolló una batalla legal y social por distintos campos, la realidad es que al día de hoy, nos encontramos frente a una norma sustentada en nuestra Constitución.

Las presentes líneas no tratan de justificar los motivos por los que se implementó esa nueva forma de integración del Poder Judicial, sino por el contrario, busca que a lo largo de los meses que restan para su implementación, el Poder Judicial como institución pueda consolidarse como el garante de los derechos humanos, que al final del camino, es el objetivo que debe tenerse presente por todo servidor público que lo integra.

No se debe desconocer la ardua labor y perseverancia de todas aquellas personas –en su mayoría compañeros de trabajo– que haciendo un esfuerzo en la más de las veces no valorado correctamente, realizaron una función de defensores de la Judicatura, para preservarla en el estado en la que la conocíamos; sin embargo como se sostiene en este texto, el objetivo que se busca es encontrar caminos que permitan transitar a la implementación de todos los cambios y ajustes que requiere y mandata la Constitución pues, sin desconocer que se encuentran en trámite diversos litigios y acciones jurídicas en contra de la mencionada reforma constitucional, no menos cierto es que al ya encontrarse integrada en nuestra norma fundamental existe el imperativo de coadyuvar con su implementación.

Lo que no puede interpretarse ni debe percibirse como una traición a valores que tanto hemos sostenido, nos representa al gremio de la Judicatura, pues no podemos perder de vista que como servidores públicos, que lo somos, y que protestamos hacer valer y respetar la Constitución, en principio, es a ésta a la que nos debemos, además que el servicio público que desempeñamos no puede ser detenido ni puede ser condicionado a las resultas o voluntades de unos cuantos, ya que asumir que somos los titulares de la función y no así que se trata de una encomienda constitucionalmente delegada, correríamos el riesgo –en opinión de quien esto escribe– de ubicarnos en un plano cercano a la arbitrariedad.

Dicho esto, debemos tener presente que en fechas próximas iniciará formalmente el procedimiento electoral extraordinario, el cual requerirá –como  en todos aquellos que lo anteceden– la debida y oportuna participación de la ciudadanía de la cual formamos parte importante, de ahí que, si lo que pretendemos es continuar realizando nuestras funciones de la mejor manera, es decir, con la debida independencia y autonomía que lo requiere –en opinión del suscrito– se requiere de nuestra participación efectiva en el indicado procedimiento electoral, pues es bien sabido por todos que nada le hace más daño a una sociedad democrática que la abstención de sus integrantes a intervenir en los procedimientos de elección popular.

De esta manera, la invitación que en estas líneas se formula a involucrarse en el procedimiento electoral tiene por objeto exhortar a la participación de la ciudadanía en general, pues de no hacerlo así, se impactaría de facto el andamiaje político electoral bajo el que se sustenta nuestro estado de derecho, ya que no debe pasarse por alto que es un imperativo constitucional y por el cual incluso mucho se ha luchado el permitir que la sociedad a través del voto directo influya en las decisiones y designaciones de los servidores públicos; por ello, si el alegato de no participar en el procedimiento electoral extraordinario para la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación se sustenta en la no validación del texto actual de la Constitución, ello puede ser confrontado al considerar que constituye un argumento superficial, pues el derecho a votar y ser votado precede a la indicada reforma y ha sido el medio idóneo y así establecido para acceder incluso a la alternancia en el gobierno.

Motivo por el cual pretender que a través de una inconformidad personal se deslegitime una elección a nivel federal, lejos de abonar al andamiaje constitucional relacionado con la división de poderes –en opinión de quien escribe– dicha conducta de rechazo lo debilitaría aún más, pues alejaría a la sociedad en general de ejercer el derecho que le ha permitido a lo largo de tantos años el involucrarse en la toma de decisiones de los órganos de gobierno.

No me gustaría concluir estas líneas señalando unicamente la necesidad y pertinencia de que toda la sociedad se vea involucrada y participe en esta próxima elección de personas juzgadoras, ya que es claro a partir de la normativa que implementa el procedimiento electoral, que éstepresenta grandes retos, y por ello muchas incógnitas a resolver, sin embargo tanto para el gremio integrante del Poder Judicial de la Federación como para la sociedad en general estimo que su intervención, participación e involucramiento permitirá que podamos avanzar con mayor certeza en este camino que nos espera.

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