La deuda, la recaudación y otras formas de mirar
En 2027, cada persona mexicana deberá 160 mil pesos, si entre todas tuvieran que pagar la deuda pública de este país.
De acuerdo con el análisis de México Evalúa del Paquete Económico 2027 presentado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal al Poder Legislativo Federal, la deuda de México crecerá un punto porcentual respecto del 2026 —pasará del 54% al 55% del Producto Interno Bruto (PIB)— y apuntan que este incremento desatiende lo estipulado en la Ley Federal de responsabilidad Hacendaria, que exige que los ingresos y el gasto propuestos contribuyan a mantener estable, o decreciente, el saldo de la deuda pública como proporción del PIB.
Este lunes, Lourdes Morales Canales, de México Evalúa, presentó en Oaxaca el análisis del paquete económico 2027, en una mesa de diálogo en la que participaron el Subsecretario de egresos, contabilidad y tesorería de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, José González Luis; Iván Porras Chaparro, Profesor-investigador de la Facultad de Economía de la UABJO; Fidel Méndez Florián, empresario oaxaqueño y Juan Pablo Morales García, consultor internacional.
Durante este diálogo, Lourdes Canales y José González coincidieron en que Oaxaca ha mostrado tendencia a la alta en niveles de recaudación fiscal, en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, Lourdes Canales puntualizó que esta entidad permanece dentro de los 3 estados con mayor dependencia al gasto federalizado, es decir, que el presupuesto para el ejercicio gubernamental depende en una gran proporción del dinero enviado por la tesorería de la federación.
De acuerdo con la Ley de Ingresos del estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2026, sólo el 5% del dinero que sería gastado este año, provendría de lo recaudado en Oaxaca —el resto, el 95%, sería aportado por el Gobierno federal. Para Iván Porras, este panorama es desalentador, apunta a quienes participan en la economía informal y la necesidad de incorporarles en la política fiscal para aumentar la base tributaria en Oaxaca; al tiempo que señala las prácticas ilegales que persisten en el pago de la nómina de trabajdores formales a los que se les restringe su seguridad social en aras de ahorrar al empleador el pago de impuestos.
Fidel Méndez recuerda a los conversadores y a Lourdes Canales que una política fiscal depende del resultado de la política económica y, al mismo tiempo, esta política debería estar trazada en estricta relación a la política social de un gobierno. No obstante, ante la pregunta sobre las orientaciones que el Gobierno oaxaqueño debería tomar en su política económica considerando la política social que actualmente impulsa —transferencias directas a sectores de la población diferenciados por categorías de pobreza, o bajo alguna condición de vulnerabilidad—, la respuesta recayó sobre la necesidad de inversión estatal en megaproyectos que fomenten la inversión privada.
Megaproyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y sus respectivos polos de desarrollo son el banco de esperanza para la inversión privada, sin embargo, Juan Pablo Morales apunta que, pese a tener todas las facilidades hacendarias para el asentamiento de inversiones industriales, estas muestran resistencias derivadas de la inseguridad pública de la región, condiciones insuficientes de infraestructura y la desconfianza en las instituciones.
En resumen, Oaxaca no recauda ni una décima parte de lo que requiere para hacer funcionar su aparato estatal , así que depende en más del 90% del presupuesto que asiga la federación a las entidades. El presupuesto federal, para 2027, elevará la deuda pública de México por encima de lo permitido por la ley —y de las consecuencias macro económicas y políticas, hablamos después, porque tal dependencia a la deuda agudiza la vulnerabilidad a los caprichos de las entidades financieras internacionales y los respectivos intereses políticos de las naciones que los gobiernan— no obstante, de acuerdo con el análisis de México Evalúa, el 69% del dinero disponible será utilizado para el pago de la deuda pública que arrastra el país.
Por otro lado, los enfoques actuales sobre la inversión en megaproyectos que fomenten el crecimiento económico, en un territorio como Oaxaca, deberían buscar mas allá de la fórmula probada. Megaproyectos como los parques eólicos en el Istmo o como el Corredor Interoceánico, son parte de una lógica económica extractivista, bajo la que se han perpetrado múltiples injusticias a personas y comunidades, son proyectos que despojan a comunidades de sus territorios, sin las que la existencia de los recursos que persiguen no existirían y, en el transcurso, dejan sangre y destrucción.
En este punto del cuestionamiento, vale interrogar la lógica persistente en búsqueda de la inversión en megaproyectos: ¿Qué tipo de relaciones económicas y políticas se tejen en la construcción de megaproyectos como el Corredor Interoceánico? ¿Cuál es el rol que se asigna a los dueños de las tierras y a sus habitantes —animales humanos y no humanos, plantas, piedras, tierras, ríos, montañas? ¿Cuál es el rol que adquieren quienes invierten, quienes gestionan la inversión, y bajo qué premisa lo toman? ¿A quiénes se beneficia, a quiénes se daña y por qué tendría que ser de esta manera?
Son preguntas cuyas respuestas son claras para las personas que defienden el territorio y los derechos de las personas que lo habitan y lo cuidan; sin embargo, al escuchar los razonamientos de quienes se proponen aportar para mejorar la acción gubernamental, parecen no figurar en su panorama de elementos a considerar. Se hace pertinente socializarlas para desatar la reflexión y el cuestionamiento a las fórmulas preestablecidas por las escuelas económicas que han abstraído el comportamiento económico de las múltiples realidades sociales del mundo.
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