Eliminar Escuelas de Tiempo Completo ¿Un error?

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero pasado con el acuerdo número 05/02/22, la secretaria de educación pública, Delfina Gómez, confirmó el traslado del recurso público que se le asigna al programa Escuelas de Tiempo Completo, al programa La Escuela es Nuestra. Lo cual deja claro la eliminación de dicho programa.

¿Quiénes son los perjudicados de esta decisión?

Foto: El Financiero

La eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo ha sido una determinación polémica entre la sociedad mexicana, debido a lo que repercute dicha decisión.

El programa creado en 2006, con el objetivo de generar una estrategia encaminada a crear ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de competencias de las y los alumnos de las escuelas de educación pública de nivel básico.

Con cerca de 170 mil planteles en todo el país y más de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes beneficiados, el gobierno federal tomó la decisión de eliminar el programa Escuelas de Tiempo Completo y asignarle el presupuesto a su programa La Escuela es Nuestra, pese a las irregularidades detectadas en su segundo año de operación, como la falta de certeza sobre el destino de uno de cada dos pesos que recibió.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no hay rastro de que 573 millones de pesos ocupados para el programa La Escuela es Nuestra, hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, el cual funge como el objetivo primordial del programa. Representando el 50% del presupuesto auditado en 2020 que queda en total opacidad.

En comparación, Escuelas de Tiempo Completo consiguió mejorar el rendimiento escolar y disminuir la tasa de deserción en un 2.2%, esto según los datos del propio CONEVAL. Sin embargo, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Escuelas de Tiempo Completo ya había tenido un recorte del 50% de presupuesto, siendo que para el 2021, ya no se le asignó recurso.

Y aún cuando en el 2021, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, otorgó un amparó para ordenar al gobierno federal y a la SEP, garantizar los recursos económicos necesarios para que este programa cumpliera con sus objetivos.

Foto: Animal Político.

El programa eliminado no solamente otorgaba jornadas extracurriculares de 6 a 8 horas a niñas, niños y adolescentes; sino que, según datos de la organización Mexicanos Primero, ofrecía alimentos a 1.6 millones de estudiantes al rededor del país.

Según la UNICEF, en la Evaluación del Ciclo Escolar 2017-2018, el 65.8% de las y los encuestados señaló que el primer alimento que consumía en el día era el proporcionado por este programa.

Adicional a los beneficios directos hacia las y los estudiantes, el programa permitía que madres y padres pudieran contar con una jornada laboral de 8 horas, mientras que sus hijos contaban con espacios seguros.

De igual forma, se perjudicaron a miles de profesoras y profesores pertenecientes a este programa que, tras la eliminación de Escuelas de Tiempo Completo, verán reducidos sus ingresos.

Foto: Sopitas

Pero ante tan polémica decisión ¿por qué decidieron eliminar el programa?

En palabras de la titular de la Secretaría de Educación Pública, "Es prioritario darle atención a esas escuelas que tienen esa necesidad, y por eso La Escuela es Nuestra se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigne sea ocupado para esa situación (...), se está haciendo el análisis de cómo trabajar lo de tiempo completo y alimentación; de momento, puede causar inquietud o, por qué no, molestia. (...)Y no se trata de trabajos mínimos, sino se trata de atender situaciones prioritarias". Declaró en la mañanera Delfina Gómez.

La intención del gobierno federal es enfocar el recurso al programa La Escuela es Nuestra, programa que entrega el dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros, y son ellas y ellos quienes contratan y se encargan de que se hagan obras dentro de las instituciones, evitando así intermediarios. Pero la realidad es otra.

Foto: Infobae.

En los expedientes de mil 686 planteles beneficiarios en 2020, no hay evidencia que demuestre que el recurso otorgado sirva para llevar a cabo acciones que mejoren las condiciones de infraestructura y equipamiento en los planteles educativos.

El problema es la falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados.

Entre los casos revisados, se encuentra el de una escuela en Puebla que reportó que la tesorera del Comité Escolar, tomó 82 mil pesos para atender necesidades personales sin que a la fecha de la visita de la verificación, hayan sido devueltos.

Otro caso sucede en Tlaxcala, en donde la tesorera declaró haber sufrido un robo, en noviembre del 2020, por 64 mil pesos.

De igual forma, otros 23 millones 643 mil pesos, han sido comprobados únicamente mediante comprobantes simples, notas de venta o listas de raya, incumpliendo los elementos de comprobación fiscal que establecen los lineamientos de operación.

Otros 9 millones 450 mil pesos se entregaron a 40 beneficiarios del programa mediante tarjetas, aunque las tarjetas nunca fueron activadas. El dinero no regresó a las arcas públicas ni se destinó a la mejora de infraestructura.

En 49 escuelas, los consejos escolares decidieron hacer obras mayores en los planteles, por lo que contrataron a “profesionales” para que se hicieran cargo de la supervisión de estas a través de una “carta responsiva”. Sin embargo, en realidad no contaban con los conocimientos y la experiencia requeridos.